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Policiales

Obligada a abortar: el calvario de misionera rescatada de la trata en Corrientes

Por el momento hay varios prófugos y se estima que la red llegó a movilizar millones de pesos durante sus años de operación.

Aquí está la noticia más extensa con párrafos de aproximadamente 20 palabras:

Una misionera rescatada de una red de trata en Corrientes brindó un desgarrador testimonio sobre el calvario que padeció. Fue captada en un contexto de extrema pobreza y vulnerabilidad cuando tenía 17 años y un hijo de 2.

Con engaños fue trasladada a Corrientes donde fue reducida a la explotación sexual. Debía prostituirse para pagar su traslado, sin recibir dinero por los clientes, entre ellos policías y narcos cómplices.

También fue sometida económicamente, sufriendo golpes de los integrantes de la organización. Y la obligaron a abortar, lo que casi le provoca la muerte. Estuvo 7 días internada y no podía revelar la causa.

Su testimonio sirvió para condenar en septiembre a 5 imputados de la red que operaba burdeles en Paso de los Libres entre 2010 y 2016. Una de las cabecillas era una misionera que la captó con engaños.

La joven sufrió castigos e intentos de suicidio hasta el desbaratamiento de la red en 2016. El exfiscal federal Benito del Pont estaba complicado con la banda. La misionera debió esperar años hasta que se hizo justicia por el calvario padecido.

La red

La red de trata actuó con total impunidad durante años en la zona de frontera entre Misiones y Corrientes. Captaban a jóvenes vulnerables con falsas promesas de trabajo para luego explotarlas sexualmente.

La misionera rescatada fue una de las principales testigos de la fiscalía para lograr las condenas. «Fueron años tremendos, pensé que nunca se haría justicia», expresó luego del juicio. Aún sigue en tratamiento psicológico por el calvario vivido.

Otras víctimas también brindaron estremecedores testimonios sobre los vejámenes y humillaciones sufridos. Manifestaron su alivio porque la banda fue desarticulada, aunque el daño causado es irreparable.

Varias ONG de derechos humanos que actuaron como querellantes valoraron las condenas, pero reclamaron políticas activas para evitar la trata de personas en zonas vulnerables. El Estado debe estar presente para asistir a las potenciales víctimas, enfatizaron.

La investigación proseguirá para determinar si hay más involucrados. Por el momento hay varios prófugos y se estima que la red llegó a movilizar millones de pesos durante sus años de operación en la zona de frontera.

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